Escrito por Carlos Agulló
11 de Septiembre de 2009
Tres meses sin salir por las noches. Es el castigo impuesto a los siete menores que participaron en los tumultos del pasado fin de semana en Pozuelo. Lo ha decidido un juez, pero se ve que a los padres -si es que están hablando por boca de los abogados- la sanción les parece desproporcionada. Quizás lo sea. Por varios motivos. Porque, aun suponiendo que la cumpliesen, en las vacaciones de Navidad ya podrán volver al botellón, quemar contenedores, liarse a pedradas con la policía y subirlo a YouTube para regocijo de los amigos. Porque lo proporcionado hubiese sido que los papás indulgentes con las fechorías de sus hijos tuviesen que dedicar algún fin de semana de sus ajetreadas vidas a reparar los desperfectos. Y porque tampoco sería desmesurado meter en el saco a los alcaldes que miran para otro lado cuando se trata de hacer cumplir las ordenanzas sobre los usos de los espacios públicos.
Da igual que sea el cojo Manteca o un pijoborroka quien rompe cabinas telefónicas a muletazos o coches patrulla con botellas de calimocho. En defensa de los menores de Pozuelo se alega que se trata de chavales sin antecedentes, con buenos expedientes académicos y de familias estructuradas. Sin embargo, eso es precisamente lo que causa más inquietud. La responsabilidad ante la ley ha de ser la misma para todos, pero, si acaso, cabría exigir mayor compromiso con la comunidad a quien ha tenido la oportunidad -aunque ya se ve que muchos la desaprovechan- de recibir educación y de crecer en un ambiente que se presume confortable.
¿Qué padre está seguro de lo que hace un hijo adolescente cuando sale por la puerta de casa? Lo malo es que algunos se anestesian con la excusa de las malas compañías, como si en ello no tuviesen nada que ver.
El toque de queda en Pozuelo será un fracaso. No lo sería tanto si nos sirviese, al menos, como toque de atención para dejar de criar hijos consentidos, maleducados e indolentes.
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